|
La
"realidad" de la seguridad en
Río de Janeiro
Bruno Lima
Rocha y Rafael Cavalcanti
Barómetro Internacional
La noción de realidad tiene
relación con la experiencia. La
híper-realidad es tributaria de
la fabricación de bienes
simbólicos y proyecciones
distinguidas de lo cotidiano
vivido y de las relaciones de
fuerza que estructuran la vida
de las mayorías. Cuando algo
ocurre de forma sistemática y
forma parte del cotidiano de un
tercio de los habitantes de la
segunda mayor ciudad del Brasil,
esto no es inusitado, se vuelve
rutina. Así, desde un punto de
vista de reconocimiento de la
plenitud de los derechos de los
ciudadanos residentes en las
comunidades carentes llamadas
favelas, es diaria la
convivencia con personas
armadas, sustituyendo o
rivalizando con el monopolio de
la fuerza estatal.
Según toda y cualquier noción
oficial de soberanía, cabe al
Estado el uso de la fuerza
letal, preventiva o reactiva.
Cabría, a los tres niveles de
gobierno en Brasil (municipal,
estatal y federal), velar por el
conjunto de derechos de toda la
población, entre ellos la
seguridad física y patrimonial.
A la vez, se sabe que el control
parcial o total de territorios
por parte de pandillas
medianamente estructuradas,
implica el gobernar de forma
paralela o complementaria.
Todo lo que narramos arriba no
llega ni al 10% de las
caracterizaciones de derechos y
deberes del Estado -y sus
vacíos- para con sus ciudadanos.
De acuerdo con la Constitución
Federal del Brasil (del 1988).
La solución empleada por la
Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Río de Janeiro
(parte de la gobernación
estadual) fue hacer permanente
la presencia física de policía
ostensiva en las áreas de
encuestas, con ocupación
irregular de tierras y con
fuerte estigmatización
socio-espacial, o sea, las
favelas. Lo que hasta hace bien
poco tiempo atrás era denominado
"invasión u ocupación
permanente", hoy se conoce por
la sigla de Unidades de Policía
Pacificadoras (UPPs).
Si por un lado, se reconoce las
UPPs como reales y no sólo
episódicas, por otro, esta
medida es reciente y paliativa.
Para aquellos que juzgan que
exageramos, basta hacer una
comparación con la intensidad de
policía ostensible existente en
la propia Zona Sur (la más noble
y rica de la ciudad del Rio de
Janeiro, constantemente visitada
por turistas) y áreas costeras
valoradas de la Zona Oeste (como
la Barra de la Tijuca y Recreo,
donde se ha realizado la mayor
parte de las competiciones de
los Juegos Panamericanos de
2007). No estamos aquí
defendiendo la ampliación de
esta política, pero sólo
constatamos que si fuera
prioritario el empleo de
policías en las áreas de favelas,
debería haber un desplazamiento
de contingentes desde el asfalto
hacia el morro. Y eso está lejos
de acontecer.
Estamos todos acostumbrados a
naturalizar la ausencia de un
derecho y hacer virtud del
fallo. En la mañana del último
sábado 21 de agosto, el barrio
de São Conrado (zona sur de Río,
un área muy valorada de la
ciudad que va a ser sede de las
Olimpíadas de 2016) se encontró
con una situación de guerra
urbana. Como es sabido, un
convoy de vehículos motorizados
(camionetitas y motos) llevando
cerca de 40 hombres armados, fue
interceptado por una barrera
policial de rutina. La reacción
inmediata de una parte del
convoy fue invadir el conocido
Hotel Intercontinental
(frecuentado por estrellas
mediáticas en el reveillon y
extranjeros con mucho dinero
durante todo el año), tomando de
rehenes a huéspedes y empleados
en plena mañana del sábado.
La pronta respuesta del Estado
fue defender estas vidas,
logrando la rendicción y después
la prisión de los
secuestradores, dentro de la
ley, de forma pública y sin
ejecuciones sumarias. Cualquier
persona que haya vivido en Río y
transitado por comunidades de
favelas sabe que lo normal es
justamente su opuesto. Los
asesinatos oficiales y oficiosos
son la norma. Hasta nos
acostumbramos con la forma de
hablar, seca y cínica de los
presentadores de noticiarios
televisivos, comentando, cuando
finalizan la nota comentando que
"fuentes de la policía afirman
que los nueve muertos en la
operación de esta tarde en el
Morro X eran todos traficantes".
El cinismo oficial y oficioso (a
través de los grandes medios) es
aliado de los mecanismos de
supervivencia cotidiana. La
circulación de convoys armados
(que deambulan en la ciudad con
el apodo de "tranvías") es norma
en las guerras de pandillas,
cuyo sobrenombre es "comandos".
Todo esto tiene enorme difusión
pública, como con transmisiones
en vivo, desde el conflicto por
el control del morro Dona Marta
en 1987, en el barrio de
Botafogo, a pocos metros del
Palacio de la Intendencia. En
esa ocasión, las bandas de los
narcotraficantes Zaca (este, un
ex miembro de la policía
militar) y Cabeludo se
enfrentaron por el control de
bocas-de-fumo (puntos de
tráfico) a plena luz del día,
delante de las cámaras de TV
(incluso las internacionales) y,
aún sabiendo que la parte bajo
el morro dista pocos metros del
2º Batallón de Policía Militar.
Esta fue el gran estreno
mediático de la entonces "nueva"
realidad. De allá a acá nada
cambió, sólo aumentó de
intensidad.
Los frecuentes tiroteos,
teniendo el fusil como arma-base
tanto por policías como por
traficantes, también son
triviales, co-existiendo en la
Ciudad Maravillosa hace dos
décadas y media. Rigurosamente,
desde la segunda mitad de los
años '80 del siglo XX que Río es
escenario de un dominio
territorial asociado con el uso
exclusivo de fuerzas en armas
para asegurar el control de la
distribución de drogas por mayor
y menor. Y, conforme la
literatura especializada viene
relatando, tal co-existencia
sería imposible sin la
contaminación de partes
significativas del aparato
policial del estado de Río.
Infelizmente, nada del que hube
ocurrido el sábado, 21 de agosto
es "novedad". El inusitado es
que el drama se pasó en el
asfalto y no en lo alto de
morros, lejos de las cámaras de
TV y de la difusión mediática
posterior.
Para buscar alguna conclusión y
perspectiva
La constatación de sábado 21 de
agosto es que la Policía Militar
fue eficiente en el combate. Si
tuvo eficiencia en la operación
represora es porque todos fueron
o son ineficientes o negligentes
o asociados con las
organizaciones criminales
dominantes de las rutas de
abastecimiento del Rio y su
región metropolitana. O sea, se
aplaude la acción correcta como
virtud, cuando la misma es
obligación del Estado y retrata
el fallo preventivo de este. La
punta del fusil es la punta del
problema.
Repetimos, en teoría nuestro
contrato social tendría al
conjunto del ente estatal en la
obligación de asegurar derechos
y deberes iguales ante su propia
legalidad. Así, sería obligación
del Estado disponer todo lo que
consta en la Carta
Constitucional, sin distinción
de clase social, género, nivel
de escolaridad, credo religioso,
posición a ocupar en los
engranajes de gobierno o
empresa, así como otra forma de
discriminación. Bien, como se
sabe, esas premisas del Estado
democrático de derecho están más
próximas a un recurso discursivo
para alimentar un sistema de
creencias en alguna especie de
sociedad capitalista justa y
saludable, que necesariamente de
ser una base de estatutos para
la convivencia colectiva. En las
calles de Montevideo, a eso se
le dice: puro verso, cosa de
cuenteros. Pero, falso o no, la
cosa está allí.
Es preciso comprender la
radicalidad de estos discursos
de legitimación para un país
carente, con líderes
personalistas y carismáticos,
como el actual presidente Lula,
y preparándose para ser vitrina
del mundo en la Copa de 2014 y
en las Olimpíadas de 2016. El
Río de Janeiro, escenario de la
actuación de las redes de
pandillas que son co-controladoras
de una parcela de territorio
urbano y metropolitano, ya tiene
como de costumbre organizar y
ser anfitrión de grandes
eventos, como la Eco 92
(Conferencia Mundial sobre el
Medio Ambiente, organizada por
la ONU) y el Panamericano de
2007, verdadero balón de ensayo
para los Juegos Olímpicos.
Lo que acostumbra ocurrir en Río
durante el periodo de
realización de eventos de gran
porte es un aumento del índice
represivo, dividiendo la ciudad
en zonas de colores (variable de
intensidad de control y nivel de
riesgo físico para los
visitantes, cambiando entre
verde, amarilla y la más
peligrosa, la roja) y la buena
marcha de las actividades.
Después, todo vuelve
rutinariamente a lo normal, la
norma de la guerra urbana, donde
el Estado tiene como complemento
oficioso los para-militares que
tristemente se llaman "milicias"
(para desesperación de la
tradición de la izquierda
insurgente) y el aparato
policial es endémicamente
atravesado por sospechas de
corrupción y uso privado de los
recursos estatales para
proporcionar justamente,
seguridad física y defensa
patrimonial, tanto para los
ricos, como para los criminales
sin uniforme a los que también
les pagan por servicios
prestados.
El sábado 21 de agosto tuvo como
marca la difusión pública de
algo que ocurre sistemáticamente
y no gana divulgación. Es
difícil para un ciudadano común
y corriente, desambientado con
la presión de las redes de
pandillas y las "invasiones"
policiales a las favelas,
constatar que el derecho de
todos no está asegurado. Y,
yendo más lejos, que el aparato
de seguridad "pública" no es de
la responsabilidad del gobierno
y sí de algunos pocos. Pena aún
más triste es ver tanta energía
que viene de abajo perdida en
una versión de capitalismo
salvaje y sin salida. Creálo, el
tiroteo en el asfalto es el
efecto colateral de la desgracia
sistemática de las áreas hoy
ocupadas por las Unidades de
Policía Pacificadora (UPPs).
blimarocha@gmail.com
butigahn@gmail.com,
Barómetro Internacional
Análisis Político y Social
Nacional e Internacional de
Venezuela y el Resto del Mundo
Director: Diego Olivera
Jefe De Redacción: Miguel
Guaglianone
barometrointernacional@gmail.com
Gentileza:: barometro
internacional
[barometrointernacional@gmail.com]
paginadigital |
