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'Poder Inteligente', discurso
de la Pax Americana en el
gobierno de Obama: continuidades
y discontinuidades
Silvina
Maria Romano y Gian Carlo
Delgado Ramos
Rebelión
El discurso del Departamento
de Estado durante la gestión
Obama se centra en la diplomacia
de las "Tres D" (defensa,
diplomacia y desarrollo). En un
discurso reciente, la Secretaria
de Estado, Hillary R. Clinton,
aseguró que se está cambiando
hacia la aplicación de "poder
inteligente", esto es, "…de una
aplicación directa de poder
hacia una aplicación de poder
más sofisticada que implica una
delicada fusión entre influencia
y poder (…) que requiere
paciencia y persistencia, porque
las aplicaciones indirectas de
poder e influencia requieren
tiempo" (Clinton, 2010).
De cara a ello y de acuerdo con
información publicada por el New
York Times y luego por un
abanico de fuentes que da a
conocer el contenido de una
"directiva secreta" firmada por
el General Petraeus, comandante
del Comando Central del
Pentágono en diciembre de 2009
(léase: Mazzeti, 2010), la
estrategia de política exterior
del gobierno de Obama otorga un
rol clave a la intervención
militar (cubierta y encubierta)
en territorios que no están en
guerra convencional con Estados
Unidos, pero que resultan
estratégicos para los
"intereses" y la "seguridad
nacional" estadounidenses,
dentro de los cuales se
encuentran algunas zonas y
países de América Latina.
Para lograr lo anterior, se
indica, se buscará mayor
comunicación con las fuerzas
armadas locales y grupos que
puedan ser de ayuda para
"desmantelar las redes
terroristas", de modo que se
unifican las fuerzas. El dato
fundamental es que esta
directiva habilita a los tares a
llevar a cabo este tipo de
operaciones, cuando hasta el
momento eran la CIA y otras
agencias de espionaje "civiles"
las únicas capaces de
implementar esas actividades en
territorios que no se encuentran
en guerra con Estados Unidos.
Consideramos que lo anterior es
de gran relevancia por las
implicaciones de lo que se
podría denominar, siguiendo a
Clinton, como la proyección
"inteligente" de la Pax
Americana en Latinoamerica. Ello
en términos de una mayor
injerencia estadounidense en la
región, no sólo con una mayor
presencia -formalizada o
clandestina- de fuerzas de
seguridad, no además hacia
adentro de las estructuras de
desición gubernamentales del
grueso de los países
latinoamericanos (especialmente
encargadas de aspectos legales,
judiciales y de seguridad
interna y externa); de la
agudización de la transferencia
de excedentes y de recursos
naturales estratégicos, y con
ello, de la criminalización de
movimientos sociales que se
resisten el saqueo; entre otras
implicaciones como la
exportación de experiencias en
la región hacia otros países
periféricos del planeta.
Una de las razones por las
cuales se fomenta la
intervención de las fuerzas de
operaciones especiales es la de
promover la "actividad militar
clandestina en países amigos y
enemigos". Es fundamental
recordar que los operativos
secretos/encubiertos en épocas
de paz fueron inaugurados con la
Gerra Fía y con la creación de
la CIA y la Agencia de Seguridad
Nacional (fundadas por medio de
la Ley de Seguridad Nacional de
1947). El objetivo primordial de
esta Ley consistió en legalizar
la implementación de operaciones
encubiertas (vinculadas a la
presión económica, política y
psicológica) en tiempos de paz,
para garantizar la "paz mundial
y la seguridad nacional de
Estados Unidos", teniendo en
cuenta la "amenaza del avance
soviético" (United States
Department of State.
Psychological and Political
Warfare 1945-1950. Docs. 257).
Como queda de manifiesto en los
documentos que dan cuenta de la
fundación de la estructura de
inteligencia, si bien hasta ese
momento resultaba injustificable
el "espionaje" a menos que se
llevara a cabo en el marco de
una guerra, la situación
internacional de posguerra
"obligó" al gobierno
estadounidense a recurrir a
mecanismos encubiertos para
acceder a información que "no
podía ser obtenida por otra vía"
y que resultaba crucial para la
seguridad nacional
estadounidense (United States.
Department of State. Founding
the National Intelligence
Structure. Doc. 29).
La nueva agencia encargada de
centralizar las actividades de
inteligencia (la CIA) "estaría
autorizada para llevar a cabo,
sólo en el extranjero, servicios
de espionaje, contraespionaje y
operaciones especiales
(incluyendo acciones morales y
psicológicas) orientadas a
anticipar y contrarrestar
cualquier penetración y
subversión perpetradas por
acciones enemigas que pongan en
peligro nuestra seguridad
nacional" (US. Department of
State. Founding the National
Intelligence Structure. Doc. 3).
La conveniencia de implementar
operativos encubiertos se repite
hoy por hoy en la mencionada
directiva secreta, que plantea
la necesidad de llevar a cabo
actividades militares
clandestinas en aquellos casos
donde no darían resultado los
operativos militares
convencionales, ni tampoco los
operativos de inteligencia inter-agencia.
Lo que debe señalarse aquí, es
que se le otorga a los militares
la posibilidad de implementar
actividades clandestinas, y
precisamente una de las disputas
más claras en el proceso de
construcción de la estructura de
inteligencia (durante la década
de 1940) fue la referida al rol
de los civiles y los militares;
quién tendría control sobre
quién. En este sentido, se
recomendaba que los operativos
encubiertos en tiempos de paz,
debían llevarse a cabo en el
marco de organismos civiles y no
de instituciones militares (US.
Department of Statae,
Psychologycal and political
Warfare. Doc. 280). Más allá de
las disputas administrativas, lo
cierto es que, en la posguerra,
la cúpula militar era el sector
predominante de la elite del
poder estadounidense, lo cual
condujo a la denominada
"militarización de la política"
vinculada asimismo al
crecimiento del complejo
"militar-industrial" que
garantizó la expansión del
capitalismo de Pentágono o
capitalismo monopólico de
posguerra. Es así que el rol
primordial que adquieren las
fuerzas militares en el marco de
la mencionada directiva no
debería sorprender.
Con base en tales reformas
institucionales y en el contexto
de guerra fría, el Estado
norteamericano se arrogó el
derecho a intervenir de modo
directo e indirecto en
diferentes países (especialmente
en la periferia) en nombre de
los valores occidentales (la
paz, la libertad y la
democracia). Es bien conocida la
intervención de la CIA en la
desestabilización y
derrocamiento de los gobiernos
de Arbenz, Goulart y Allende,
sin mencionar, por supuesto, los
intentos de derrocamiento del
régimen cubano.
Una de las discusiones actuales
al interior de las reparticiones
del gobierno estadounidense es
que, a diferencia de los
operativos de la CIA, los
operativos de las fuerzas de
operaciones especiales –del
Departamento de Defensa– no
necesitan la aprobación del
presidente ni deben informar
regularmente al Congreso. Esto
le una clara autonomía a la
fuerza militar frente al poder
civil y es ciertamente
peligroso. No obstante, es
fundamental recordar que a pesar
de las normas y límites pautados
para el funcionamiento de la
CIA, está claro que esta agencia
no siempre enviaba los informes
al Congreso, como quedó en
evidencia en el operativo del
derrocamiento de Salvador
Allende, documentado en el
Informe Church (Church Report,
II.C.2: 1975).
Tal "reasignación" de
atribuciones y tareas entre el
cuerpo civil y el militar genera
tensiones entre el Pentágono, el
Departamento de Estado y la CIA,
en lo relativo a cuál de estas
agencias tendría mayor
injerencia en zonas donde no
haya guerra, al menos
convencional. También pone en
duda la efectividad de la CIA en
tanto que las fuerzas de
operaciones especiales vendrían
a cubrir las "brechas" o
"lagunas" en inteligencia no
cubiertas por la Agencia. No
obstante las tensiones al
interior del gobierno
estadounidense, lo que debe
preocupar a los demás países es
que ya no serán solamente la CIA
y las "otras agencias de
espionaje" las encargadas de
coordinar los operativos
encubiertos (algo que en sí
mismo no es nuevo), sino que las
mismas fuerzas armadas
estadounidenses tienen la
capacidad de intervenir por
medio de estos operativos
encubiertos en "asuntos
internos" de otros Estados con
los que no se está en guerra. Es
decir, se da un paso más hacia
la intervención "directa". Por
tanto, hacia adentro de Estados
Unidos el problema es quién
controla a quién, mientras que
hacia afuera cada vez se amenaza
más la soberanía de los otros
Estados-naciones, sea por parte
de la CIA, sea por medio de las
fuerzas de operación especial.
Lo que debe quedar claro es que
Estados Unidos aprueba (e
implementa) la intervención
directa a través de la expansión
de su fuerza militar "en
aquellos espacios donde no hay
guerra", con lo cual es probable
que se "incentive" la guerra en
cualquiera de sus modalidades,
sobre todo la de baja intensidad
y desde luego del uso del
"asesinato selectivo" (targeting
killing), medida que se hace
cada vez más presente en los
operativos gubernamentales de
inteligencia contra el
"terrorismo", tanto en contextos
de paz como de conflicto
declarado, y ante la cual el
Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas ya ha
mostrado preocupación pues se
están adoptando políticas en
ciertos países (e.g.
EUA, Israel, Rusia) para adoptar
formalmente tal medida al tiempo
que se rechaza cualquier
conocimiento de su existencia
(Naciones Unidas, 2010).
Ahora bien, estos operativos de
fuerzas especiales suelen ir
acompañados de mecanismos de
presión y desestabilización a
nivel económico (presionando a
favor de la liberalización de
los mercados) y políticos
(imponiendo la democracia
liberal procedimental como única
alternativa legítima de
gobierno). Un ejemplo de esto
aparece en la directiva de
septiembre de 2009, cuando se
advierte de que será posible un
golpe de Estado en Irán si se
agravan las tensiones por la
escalada nuclear.
Además de los operativos
encubiertos mencionados se
retoman otras tácticas
implementadas por el Estado
norteamericano durante la Guerra
Fría. Por ejemplo, el objetivo
global de las fuerzas de
operaciones especiales es
articular redes para "penetrar,
obstaculizar, vencer o destruir"
las fuerzas de al-Qaida y otros
grupos militantes (Mazzeti,
2010). Esta meta encarna en sí
misma una especie de fusión
entre el discurso de la cruzada
contra el comunismo, tal cual
fue expresada en el famoso
National Security Council Paper
Nº 68, y los principales
lineamientos de la lucha contra
la subversión en América Latina,
que –según la administración
Kennedy– era impulsada por
Castro desde Cuba (United States
Department of State. Foreign
Relations. 1961-1963. Vol XII.
Doc. 15). Esto queda claro si
consideramos que las tácticas de
guerra no convencionales, que
son la base de las fuerzas de
operaciones especiales, se
asemejan a las advertencias del
establishment de Kennedy con
respecto a la "subversión" en
América Latina, centradas en el
desarrollo e implementación de
tácticas de guerra diferentes a
las convencionales, orientadas a
sostener una "guerra limitada" a
los fines de enfrentar la
guerrilla, la insurgencia y la
subversión. Para ello se
requería capacidad de movimiento
y flexibilidad, orientada a
contrarrestar las "amenazas
limitadas".
Otro de los objetivos de las
fuerzas de operaciones
especiales es el de "reunir
información sobre inteligencia y
construir lazos con las fuerzas
locales". Por cierto, esta
función hasta el momento era
parte de las atribuciones de la
CIA, al menos en lo que se
refiere a América Latina. Un
claro ejemplo fue la Operación
Cóndor, un plan de
desapariciones y torturas
implementado por los gobiernos
del Cono Sur para "aniquilar la
subversión" durante la década de
1970.
Una de las metas de este
operativo era la de mejorar los
mecanismos para compartir y
distribuir la información sobre
la "subversión" entre las
fuerzas armadas de países del
Cono Sur, operando
particularmente en la frontera.
Este plan contó con especial
apoyo de la CIA que "facilitó
una mayor coordinación entre los
servicios de inteligencia de la
región (…) El asesoramiento y la
ayuda de Estados Unidos
facilitaron la coordinación
entre los servicios de
inteligencia regionales. Esta
cooperación hizo posible el
intercambio de información y
prisioneros e incluso asesinatos
conjuntos. Un exiliado político
podía ser mantenido como rehén o
secuestrado y llevado a través
de las fronteras, torturado y
desaparecido, sin ninguna
autorización judicial" (Calloni,
1998).
Dicho esto, se vuelve a señalar
que hacia afuera de Estados
Unidos lo que preocupa no es
tanto "qué institución" es la
que se encarga de los operativos
encubiertos, sino el poder de
Estados Unidos para implementar
estos operativos donde y cuando
considere necesario, a la par de
la posibilidad de estimular sin
discreción la intervención
militar directa.
A tal presencia directa de
fuerzas especiales o de
agregados militares se suma la
injerencia en el entrenamiento
de las fuerzas militares y de
seguridad de los países
"anfitriones" y la
"modernización" o "reforma" de
su sistema judicial por la vía
de programas de asistencia al
combate al narcotráfico,
acciones promovidas por el
Departamento de Defensa, pero
también por el Departamento de
Estado y la Agencia de
Coperación Internacional de EUA
(USAID) desde que se promulgó la
Ley de Asistencia Extranjera en
1961. Esta última, entre
diversas acciones que pueden
calificarse de injerencia a la
soberanía nacional, se reconoce
útil para "apoyar ciertas
iniciativas de Ley" (Seelke et
al, 2010). Se suman otras
entidades del gobierno
estadounidense como el
Departamente de Justicia y
contratistas privados (parte de
la neoliberalización del propio
aparato de seguridad de EUA),
todo en un inmenso contexto de
financiamiento que sumaba ya, de
1980 al 2008, más de 13.000
millones de dólares para América
Latina y el Caribe (Ibid).
El escenario futuro promete
aumentar la injerencia de EUA
por la vía de la propuesta de
cambio a Ley de Asistencia
Extranjera de 1961 para requerir
a la Secretaría de Estado que
entregue al Congreso un informe
sobre una Estrategia
Antinarcóticos Interamericana.
Asimismo se sugiere que el
Departamento de Estado se
enfoque más a la asistencia en
fortalecer las instituciones
civiles de los países
anfitriones (Ibid). Ello
significa, "libre camino" al
Departamento de Defensa para
realizar los operativos
antinarcóticos, antiterroristas
y antiinsurgentes, muchos de los
cuales serán de carácter
clandestino y/o secreto.
La guerra contra la insurgencia,
el terrorismo y el narcotráfico
se mezclará aún más con el
asesinato de inocentes y la
"limpieza" selectiva de líderes
sociales, como ya sucede en
México. Y es que en los últimos
dos años, México acumula más de
23.000 muertos asociados a
operativos antinarcóticos pero
que incluyen inocentes (Finnegan,
2010), al tiempo que se perfila
como el país más peligroso del
mundo para los defensores de los
derechos humanos y los
movimientos sociales. Sólo en
los últimos seis meses han sido
asesinados líderes opositores a
proyectos mineros en Chiapas y
Oaxaca; líderes sociales de las
comunidades triquis en Copala,
Oaxaca; ecologistas defensores
de los bósques en el estado de
Morelos; entre otros más.
Mientras tanto, sólo el costo
económico del escenario actual
de inseguridad se ha disparado a
niveles absurdos y ciertamente
insostenibles en medio de una
creciente y aparentemente
imparable polarización de la
riqueza (México tiene al hombre
más rico del mundo según datos
de Fortune
2010). Así es que la inseguridad
ya cuesta alrededor del 15% del
PIB según ciertas apreciaciones.
Precisamente una de las
preocupaciones con respecto a
los pequeños grupos de militares
estadounidenses desplegados en
diferentes países de Asia,
Oriente Medio Oriente y África
que desarrollarán actividades de
inteligencia y espionaje, es que
en caso de ser detenidos podrían
ser tratados como "espías",
quedando sin efecto lo dispuesto
por la Convención de Génova con
respecto a la protección de
soldados prisioneros. Es por
ello que probablemente los
acuerdos de seguridad
bilaterales adquieran un rol
fundamental, ya que incluyen (no
en todos los casos) la inmunidad
para los soldados
estadounidenses en el país con
el cual se firma el acuerdo.
Otro dato fundamental en este
contexto, es que en la gira
realizada por el secretario de
Defensa, Robert Gates, por
América Latina en abril de 2010
se remarcó claramente la
necesidad de garantizar la
seguridad interna, tal cual lo
recomendó Gates a los militares
peruanos en los siguientes
términos: "…deben
reestructurarse para focalizarse
más en los desafíos internos"
(Salas, 2010).
Esa frase no puede pasar
desapercibida si recordamos los
resultados de la Doctrina de
Seguridad Interna impulsada por
el gobierno de Kennedy, y el rol
que aquella brindaba a los
militares en nombre de la
"estabilidad" y la "democracia":
"Las políticas militares y
programas existentes para la
seguridad de América Latina
tendrán que ser modificados para
abordar el cambio de naturaleza
del problema de la seguridad,
otorgando prioridad a la
seguridad interna, prestando
mayor atención a los programas
militares que contribuyan al
desarrollo económico y
reforzando los gobiernos
representativos, al tiempo que
debe mantenerse una estrategia
para asegurar el hemisferio de
ataques externos" (US Department
of State, 1961-1963, Vol XII.
Doc. 76).
Considerando que la doctrina de
seguridad interna preparó el
terreno para la mayor parte de
los golpes de Estado de las
décadas de 1960 y 1970 en
América Latina, no es un mero
detalle que las fuerzas de
operaciones especiales tengan
por objetivo "…preparar el
contexto para futuros ataques
por parte de fuerzas militares
estadounidenses o locales". Así
pues, queda claro el
recrudecimiento del rol
fundamental de las fuerzas
militares en términos políticos.
Por lo aquí expuesto y de cara a
la compleja situación por la que
cruza América Latina, se observa
clara y urgentemente la
necesidad de reconstruir el
tejido social en aquellos países
donde laPax Americana ha logrado
calar más en los últimos años,
claramente caso de México,
Colombia y Perú, pero también de
aquellos países donde a pesar de
existir proyectos alternativos
de una u otra índole aún
batallan con la oligarquía
interna, su poder y sus vínculos
externos como es el caso de
Ecuador. La resistencia social y
la construcción de cuadros
jóvenes es vital para proyectos
como los impulsados en
Venezuela, Bolivia y ciertamente
Cuba. Pero en general, urge
romper –al menos parcialmente en
un principio- los vínculos
subordinantes de la región tanto
en términos económicos,
otorgando un rol estractivista
de enclave (o maquilador en el
mejor de los casos), como en lo
referente a la seguridad interna
y el control social. Desde luego
es preciso indicar la
importancia de los ejericicios
de gobiernos alternativos y de
la imperiosa necesidad de
tomarse en serio la posibilidad
de una integración
latinoamericana de los pueblos y
para servir a los pueblos. De
hecho la Alternativa Bolivariana
para las Américas (ALBA) propone
una dinámica y objetivos que
podrían contribuir con
importanetes cambios si lograra
reunir más socios, en tanto su
punto de partida no es la
liberalización del mercado, a
diferencia de los demás
organismos de integración
regional como TLCAN, Mercosur,
CAN, etc. Asimismo, debemos
mencionar que desde su
conformación, la UNASUR se
posiciona desde un lugar crítico
con respecto a los resultados
del ajuste neoliberal en la
región. En esta clave ha
impulsado el Banco del Sur y ha
dedicado especial atención a
conflictos por cuestiones de
seguridad, pero no ha logrado
consolidarse aún.
A pesar de la existencia de
estos proyectos de integración
que intentan diferenciarse de
aquellos procesos iniciados en
la década de 1990, queda claro
que, en general, los esquemas
que prevalecen hoy día están al
servicio del capital y sus
socios locales (la oligarquía
latinoamericana) y por tanto las
necesidades sociales de los
pueblos, dígase condiciones
materiales decentes, educación,
salud, cultura, deporte,
desarrollo científico
tecnológico con proyecto genuino
de nación, etcétera, quedan
relegadas.
La seguridad de los pueblos pasa
por garantizar su subsitencia en
condiciones dignas, entiéndase
"buen vivir", no por la vía de
un esquema esquizofrénico de
asfixia socioeconómica que
resulta, entre otras cuestiones,
en un incremento de la economía
extractivista e informal y del
crimen, situación que es
entonces "atacada" con
instrumentos de despojo y
violencia. La ecuación no se
soluciona, sólo se complejiza y
mantiene en términos generales
impertérritas las relaciones
sociales de producción, las
clases sociales y la
polarización y trasferencia de
riqueza.
Referencias
* Calloni, Stella (1998) Los
Archivos del Horror del
Operativo Cóndor [en línea]
disponible en:
www.derechos.org/nizkor/doc/condor/calloni.html
* Clinton, Hillary R. Remarks on
the Obama Administration's
national Security Strategy. US.
Department of State. Conferencia
en el Brookings Institute.
Washington, DC. EUA. 27 de mayo
de 2010.
* Finnegan, William (2010). "Silver
or Lead. The drug cartel La
Familia gives local officials a
chioce: Take a bribe or a bullet."
The New Yorker. EUA, 31 de mayo
* Mazzetti, Mark (2010). "US
Expands Secret Military Acts in
Mideast and Beyond". The New
York Times. EUA, 24 de mayo.
* Naciones Unidas (2010). Report
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extrajudicial, summary or
arbitrary executions, Philip
Alston. Human Rights Council.
Informe No. A/HRC/14/24/Add.6
Washington, 28 de mayo.
* Salas, Cristina (2010) "Defense
Secretary Gates' week in Latin
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disponible en:
http://justf.org/blog/2010/04/20/defense-secretary-gates-
week-latin-america
* Seelke, Clare R., Wyler, Liana
S., y Beittel, June S (2010).
Latin America and the Caribbean:
Illicit Drug Trafficking and US
Counterdrug Programs.
Congresional Research Service.
Washington, EUA., 30 de abril.
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