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Cincuenta días de dignidad
nacional mapuche
por Manuel
Nekulmañ
Sociedad Caupolican Defensora de
la Araucanía, 1931.
PARTIDO MAPUCHE WALLMAPUWEN
«Juventud de mi raza: si
alguna vez en el camino de la
fatigosa jornada que vais
venciendo, sintiereis
decepcionado vuestro espíritu y
faltos de vigor vuestros
músculos, no olvidéis que
vuestros antepasados lucharon y
murieron heroicamente
defendiendo el prestigio de
nuestra raza, no aceptando la
usurpación de sus tierras y de
sus derechos. Compatriotas:
salud y fraternidad».
El 12 de julio una veintena de
patriotas mapuche, prisioneros
políticos en cárceles chilenas,
iniciaron una huelga de hambre.
Con los días se fueron sumando
otros, llegando en total a 32
quienes han decidido colocar en
riesgo sus vidas para exigir un
juicio justo. Sus demandas son
la no aplicación de la Ley
Antiterrorista en causas
mapuche; que no existan dobles
procesamiento en la justicia
civil y militar; garantizar el
debido proceso; terminar con los
montajes político-judiciales; y
la desmilitarización de las
comunidades que reivindican
frente a empresas
transnacionales y propietarios
particulares sus derechos
territoriales.
La actual administración,
encabezada por el presidente
Sebastián Piñera, continúa con
la política de criminalización
de las demandas mapuche de los
gobiernos de la Concertación.
Esta política ha llevado a que
en el último año más de 200
mapuche hayan sido requeridos
judicialmente, más de 60 se
encuentran actualmente
encarcelados sin ninguna
garantía de un juicio justo
(entre ellos tres menores de
edad), de los cuales 58
corresponden a procesos por Ley
Antiterrorista. Esta política ha
llevado además a que sendos
informes de organismos
internacionales exijan al Estado
garantizar en Wallmapu el
respeto a los Derechos Humanos.
Uno de ellos, el debido proceso
judicial.
Wallmapuwen respalda la acción
de los presos y hace suyas sus
demandas. El partido, junto con
visitarlos y ofrecerles su
colaboración, ha gestionado en
el exterior el apoyo de
formaciones políticas aliadas,
acogiendo el llamado de los
propios huelguistas a
internacionalizar su movimiento.
Es así que acciones de denuncia
han tenido lugar en Galiza, País
Vasco y Catalunya, en
coordinación con fuerzas amigas
de la causa mapuche, las que han
comprometido esfuerzos para
llevar el caso ante sus
respectivos parlamentos
autonómicos, así como ante las
Cortes de España y el propio
Parlamento Europeo en Bruselas.
En este mismo sentido, otras
iniciativas serán desarrolladas
por Wallmapuwen y nuestros
aliados políticos en Bretaña,
Irlanda y País de Gales. La
comunidad internacional debe
conocer esta realidad.
Gobiernos, fuerzas políticas y
la sociedad civil democrática
del mundo deben tomar
consciencia que el Estado
chileno, aquel que se presenta
en los foros internacionales
como una democracia moderna,
aplica a nuestra población leyes
heredadas de una dictadura,
asesina a jóvenes luchadores y
encarcela arbitrariamente a
mujeres, hombres, ancianos y
niños.
Colonialismo y racismo
La huelga de hambre es el
resultado de una condición
política estructural: la
situación colonial que sufrimos
como pueblo a partir de la
conquista chilena del País
Mapuche independiente en la
segunda mitad del siglo XIX, la
mal llamada «Pacificación de la
Araucanía». Los mapuche hemos
sido despojados, expoliados de
nuestras tierras y base
económica, empobrecidos a tal
punto que la Araucanía es lejos,
con un índice de pobreza del
27,1% y un índice de indigencia
de 9%, la región más pobre de
todo el Estado. Es, a partir del
2006, también aquella en que más
han aumentado tanto la pobreza
como la indigencia. ¿De qué
«desarrollo» nos hablan cuando,
tanto a nivel del Wallmapu como
del Estado chileno, la
desigualdad de ingresos entre
población mapuche y población
chilena resulta escandalosa?
Todos los atropellos e
injusticias a que se nos somete,
desde la criminalización de
nuestra lucha hasta la pérdida
progresiva del mapuzugun,
nuestra lengua nacional, son
manifestaciones de esa situación
colonial y de la opresión
nacional a que está sometido
nuestro pueblo por parte del
Estado chileno. Pero en los
últimos años ha aflorado con
mayor fuerza un componente
consustancial del colonialismo:
el racismo. Ya no se trata sólo
del racismo social, aquel que
nos llega en la misma cara en la
escuela, en el barrio o en los
lugares de trabajo, sino que de
un racismo oficial, que hace uso
de las instituciones del Estado
para estigmatizar, discriminar y
prejuzgar al mapuche por su
condición étnica.
El Estado y el poder judicial no
buscan hacer justicia, buscan
amedrentar y para ello recurren
a todo tipo de maniobras. En
cada condena que afecta a un
patriota mapuche va implícito un
mensaje claro: «dejen de luchar,
dejen de resistir». El fiscal es
hoy una figura inquisitiva, para
quien el mapuche es culpable «sí
o sí». Ávidos de cámaras de
televisión y promociones
laborales, los fiscales engrosan
sus curriculum con el
sufrimiento de nuestra gente.
Ayer eran los tinterillos,
siempre disponibles para firmar
el despojo territorial; hoy los
fiscales, disponibles para secar
en la cárcel a todo mapuche que
alce la voz por sus derechos.
«Nidos de litigantes», decían
nuestros dirigentes antiguos;
«Nidos de fiscales», decimos
nosotros hoy.
En Chile no existe la igualdad
ante la ley, no para los
mapuche. Ello lo evidencia la
desproporción entre los delitos
investigados y las leyes y
condenas que se nos aplican; lo
evidencia también la impunidad
de que se benefician los autores
y responsables políticos y
judiciales de estas violaciones
a los Derechos Humanos de la
población mapuche. La violencia
policial contra la población
indefensa de las comunidades,
incluidos ancianos y niños, la
tortura y tratos vejatorios
contra los detenidos, los
apaleos y golpizas recurrentes,
demuestran que a los mapuche en
Chile se nos considera
ciudadanos de «segunda clase». A
ningún sector de la población
chilena el Estado y sus
instituciones otorgan un trato
similar.
El cerco comunicacional
En una sociedad democrática los
medios de comunicación juegan un
papel fundamental. Constituyen
generadores de opinión pública,
fiscalizan las actuaciones del
poder político y económico,
deben ser accesibles a todos los
ciudadanos por igual,
independiente de su condición
social o étnica. Pero no, esta
no es una sociedad democrática.
En Chile, como nunca, el
monopolio de los medios de
comunicación ha quedado en
evidencia en esta coyuntura.
Primero, para silenciar la
huelga y nuestra lucha en
general; luego, para propagar
infamias contra el mapuche,
impulsar campañas del terror,
sin que los afectados tengan el
menor derecho a réplica.
A 50 días de iniciada la huelga,
son escasas las referencias a
esta y sus demandas en la prensa
escrita, televisión y radios. Un
verdadero cerco de silencio, que
atenta no sólo contra el derecho
de los mapuche a estar
debidamente informados. Es
también a la sociedad chilena a
quien se niega hoy este derecho.
Por estos días, evidentes son
los esfuerzos del gobierno por
silenciar la huelga con el
accidente en la mina San José de
Atacama. Wallmapuwen solidariza
con los 33 mineros y sus
familias, y espera que los
dueños del sobreexplotado
yacimiento paguen con cárcel su
irresponsabilidad criminal. Los
mineros y sus familias no son
responsables que las autoridades
utilicen su dolor para esconder
el nuestro.
Wallmapuwen hace un llamado a
todas las personas honestas y
solidarias a no dejar que la
desinformación y la manipulación
ejercida sepulten también bajo
tierra la situación de nuestros
hermanos en prisión. Es
necesario romper las barreras
comunicacionales y multiplicar
las voces de protesta. Se vuelve
imperioso informar a la
ciudadanía sobre las causas que
llevaron a 32 patriotas a poner
en riesgo su vida.
Déficit democrático
La huelga de hambre y nuestra
situación como pueblo dejan en
evidencia ante el mundo el bajo
estándar democrático de Chile.
Aspectos sustantivos de la
Constitución Política de 1980 y
las leyes represivas promulgadas
bajo la dictadura militar se
mantienen vigentes en Chile, en
particular la Ley
Antiterrorista, la Ley de
Seguridad Interior del Estado y
las excesivas atribuciones de la
Justicia Militar. Que después de
veinte años de gobiernos electos
estas leyes no hayan sido
derogadas o modificadas, en
acuerdo con los pactos
internacionales firmados por
Chile en materia de Derechos
Humanos, es una vergüenza para
todos los demócratas.
En el caso de la Ley
Antiterrorista, su aplicación en
Wallmapu no se condice con los
delitos comunes que persigue.
Lleva aparejada además
estigmatización, persecución,
procesamientos viciados e
inhumanas condiciones
carcelarias. De gravedad
particular es el uso de
«testigos sin rostro». El debido
proceso judicial y los Derechos
Humanos de los procesados son
así gravemente vulnerados, sin
olvidar los montajes policiales
destinados a ocultar crímenes de
las fuerzas represivas y acusar
de falsos delitos a los mapuche.
A pesar de las pruebas
existentes, ninguno de los
responsables policiales de tales
montajes ha debido responder
ante la Justicia o ha sido
expulsado de la institución;
lejos estamos aquí de las normas
que habitualmente rigen en un
Estado de derecho democrático.
La reacción tibia, insuficiente
y tardía del Instituto de
Derechos Humanos respecto de la
huelga constituye el símbolo más
claro de la actitud de las
instituciones del Estado en la
materia. Es por ello que la
democratización del Estado es
también objetivo central de la
lucha mapuche. Un centralismo
asfixiante, con regiones
gobernadas por autoridades
designadas y supeditas a las
decisiones del poder central; un
sistema electoral injusto y
antidemocrático para la
elecciones parlamentarias; una
Ley de Partidos excluyente que
dificulta la emergencia de
nuevas fuerzas políticas; el
bajo estándar de reconocimiento
de derechos colectivos sociales
y políticos; son todas deudas de
la «democracia» chilena.
Responsabilidades del gobierno
El gobierno chileno debe
renunciar a su política de oídos
sordos ante las demandas de los
presos políticos en huelga. El
gobierno debe ponerse en
disposición de dialogo político
para atender específicamente sus
demandas y poner término a una
movilización que pone a diario
sus vidas en riesgo. Un final
trágico de esta movilización
será de exclusiva
responsabilidad del gobierno de
Sebastian Piñera.
Junto a la solución política
dialogada, se debe avanzar en
reformas que permitan la
derogación de la actual Ley
Antiterrorista. Asimismo,
demandamos que el Estado, el
gobierno y sus instituciones se
hagan responsables del daño que
han causado a comunidades y
familias, adoptando medidas de
reparación para los afectados.
Numerosos mapuche han sido
absueltos luego de años de
«cárcel preventiva» y
orquestadas campañas de
desprestigio social. Para todos
ellos exigimos reparación.
El gobierno debe retirar a la
policía militarizada de los
campos del Wallmapu y eliminar
sus métodos represivos y de
amedrentamiento colectivo. Del
mismo modo se debe castigar los
crímenes cometidos por sus
uniformados; exigimos justicia
para los familiares de Alex
Lemun, Matías Katrilew y Jaime
Mendoza Kollio; y castigo para
sus asesinos, el mayor Marco
Aurelio Treuer Heysen y los
cabos de Carabineros, Walter
Ramírez Espinoza y Miguel
Patricio Jara Muñoz.
Responder como Nación
Somos un pueblo diverso, como lo
es todo pueblo. Pero hay
desafíos ante los cuales debemos
responder unidos. Wallmapuwen
apoya la lucha de los presos
políticos no solo por
solidaridad. Lo hace porque
formamos parte de un mismo
pueblo, porque conformamos un
mismo movimiento nacional,
porque independiente de
legítimas diferencias políticas,
compartimos con ellos un
horizonte de autodeterminación
para nuestro pueblo y el
Wallmapu, el País Mapuche.
El movimiento social mapuche,
las comunidades, sus expresiones
políticas organizadas, deben
considerar la huelga de hambre
de los presos como un legítimo
acto de resistencia nacional,
una acción de compatriotas que
cuestiona toda una política de
criminalización racista contra
nuestra nación. La represión es
contra el pueblo mapuche y ello
nos demanda actuar en bloque,
responder como nación. El impune
escenario represivo no puede
tolerarse más. Nuestros
patriotas en huelga no lo
aceptan, nosotros como pueblo
tampoco.
Debemos recordar que hace cien
años, el movimiento mapuche
surgió en un contexto de
ocupación militar, violencia y
racismo colonial. Ello marcó a
las generaciones que dieron vida
a las primeras organizaciones.
Sufrieron la violencia del
Estado y los colonos. Fueron
víctimas del actuar racista de
los «Tribunales de Indios» y su
despojo legal. Ante ello se
rebelaron y respondieron de
manera colectiva. Lo hicieron
con las armas de la Política. En
los campos, en las calles y en
el Congreso chileno, lucharon
para defender nuestra tierra y
nuestros derechos. Ocho
diputados y decenas de regidores
nos señalan desde entonces un
camino. Sin esa lucha ya
habríamos sucumbido como nación.
Mientras no se supere nuestra
condición colonial, la prisión
política seguirá afectando a
patriotas mapuche hoy o mañana.
Tratar debidamente el conflicto
implica para nuestro pueblo y el
Estado avanzar hacia una
solución política. Para nosotros
como partido, ello supone
colocar al centro el
reconocimiento de nuestros
derechos en tanto nación y
avanzar en la descentralización
del Estado y en la obtención de
un Estatuto de Autonomía que
garantice, entre otros, nuestro
derecho a la tierra, la lengua y
la autodeterminación. Sólo ello
impedirá que el actual escenario
de conflicto se agudice o
eternice en Wallmapu,
profundizando la injusticia, el
racismo y la opresión nacional.
W A L L M A P U W E N
Un Partido para el País Mapuche
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