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Informe sobre viviendas. (Uruguay)
9/5/02
vecinet-notici@s - 472
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SUMARIO
1 - Piden cronograma préstamos para cooperativas de viviendas
2 - Paysandú: decepcionante respuesta de Bensión a cooperativas
3 - Construcción de viviendas puede paralizarse sino hay recursos extra
4 - Paysandú: niegan que BHU deje de construir 6.000 viviendas
5 - Sólo el 60% del préstamo del BID para asentamientos
6 - Preocupación por cartera de deudores del BHU
7 - Flores: otro paso en la lucha por la tierra
8 - Advierten que 32.000 personas terminarían en asentamientos
9 - El 5,73% de hogares en asentamientos
10 - Paysandú: nuevos barrios en el PIAI
11 - Paysandú: desocupados exigen sorteo en obra del PIAI
12 - Paysandú: vecinos plantearon preocupación al BHU
13 - Tacurú construirá 100 módulos habitacionales
14 - Canelones: proyectan construcción de viviendas para hurgadores
15 - Maldonado: proyectan realojamiento de 900 pobladores
16 - Salto: estudian impacto ambiental de viviendas del SIAV
1 - Piden cronograma préstamos para cooperativas de viviendas
El ministro de Economía, Alberto Bensión, recibió a una delegación de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua.
Delegados de 42 cooperativas se habían instalado en la acera del edificio del Ministerio esperando ser recibidos, informó Radio El Espectador.
Según el presidente de FUCVAM, Víctor Fernández, el ministro les explicó que hasta enero no habrá una reactivación económica que permita liberar las partidas de los préstamos para la construcción ya aprobados. "El ministro de Economía nos planteó que él tenía los 56 millones para el Ministerio de Vivienda y que cómo lo distribuía el Ministerio de Vivienda era problema del Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir planteando la situación frente al Ministerio de Vivienda, sobre todo de las cooperativas que están prontas para escriturar. El miércoles tenemos una reunión con el ministro de Vivienda y esperamos encontrar salidas positivas, por lo menos un cronograma de firma de estas viviendas, son 417 casas, no es un mundo de dinero y además se entregan en dos años y no estamos pidiendo que firme todas juntas", agregó Fernández.
Ahora los reclamos pasarán al ministro de Vivienda, Carlos Cat. "Acá estamos jugando un poquito a ese juego que está penado y no: la mosqueta.
Vivienda dice que es Economía, Economía dice que es Vivienda, nadie la tiene. Nadie encuentra debajo de qué tapita está la solución. La solución está, sin lugar a dudas, en revertir la situación económica del país", dijo Fernández.
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2 - Paysandú: decepcionante respuesta de Bensión a cooperativas
Ha sido "decepcionante" la respuesta del ministro de Economía y Finanzas, contador Alberto Bensión, a la aspiración de que no se recorten fondos para la construcción de viviendas por ayuda mutua, dijo a El Telégrafo el integrante de la Dirección Nacional de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua en representación de Paysandú, José Oxley.
Señaló el dirigente sanducero que entre las movilizaciones del sector figuraron "vigilias" ante esa sede ministerial y la del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La Federación, en tanto, hizo conocer a los legisladores que integran la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados su malestar por la respuesta que el ministro Bensión dio a los representantes que requirieron que se dejen sin efecto los recortes presupuestales para las cooperativas de vivienda.
Señaló que una delegación del movimiento se entrevistó con los legisladores de la comisión que se reunieron "con el Ministro de Vivienda Carlos Cat, y luego hizo lo propio con el titular de Economía y Finanzas, Alberto Bensión".
Acotó que "creo que la respuesta de la conducción económica, ante el requerimiento de que no se retaceen recursos para las obras en viviendas de interés social ha sido decepcionante, al contestar que si no se quería recortes para viviendas, se eligiera si se hacía en Salud Pública o en Educación, porque había que hacerlo".
"Lo que se estaba planteando era, además, cuáles son las consecuencias de no afectar recursos para este fin, que no se limita a que no se hagan viviendas de interés social, sino también desde el punto de vista del mercado laboral. Es decir que entre la reducción de fondos a través de los ministerios de Vivienda y el de Transporte y Obras Públicas, se estarían perdiendo unos 18.000 puestos de trabajo", acotó Oxley. "Por un lado se estaría enlenteciendo la construcción de viviendas de interés social, pero también con un costo adicional por la afectación de puestos de trabajo", explicó.
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3 - Construcción de viviendas puede paralizarse sino hay recursos extra El director Nacional de Vivienda, Bernardino Ayala, advirtió que si no llega la partida extra prometida por el presidente Jorge Batlle para financiar programas habitacionales, se originarán presiones de las empresas constructoras, los cooperativistas y los jubilados. Incluso, en los años
2003 y 2004 no se podrán inaugurar nuevas viviendas. Sólo para cumplir con los compromisos contraídos, el Mvotma necesita este año U$S 13 millones más.
Debido al programa del contención del gasto impuesto por el equipo económico y a la devaluación de nuestra moneda, la cartera ministerial padece un recorte del 33% en su presupuesto, que incluso no cubre las obligaciones de las obras en ejecución del presente año.
Semanas atrás, el propio ministro de Vivienda, Carlos Cat, se manifestó contrario a la quita de recursos para su cartera lo que provoca una sensible caída en la inversión. Cabe acotar que de los U$S 85 millones que se disponía en 2001, este año sólo se podrán utilizar U$S 56 millones.
Esto podría derivar en la virtual paralización de nuevos programas habitacionales salvo que el Ejecutivo le inyecte al Ministerio de Vivienda nuevos recursos. Pese a que existe una promesa del propio presidente Batlle de que se reforzarán los recursos destinados a la secretaría de Estado, aún no se recibió una respuesta afirmativa.
Sin embargo, el ministerio buscará retrasar algunas obras en marcha para poder comenzar otras nuevas, e implementará algunas alternativas para administrar los menguados recursos disponibles. No obstante, el director de vivienda, Bernardino Ayala, en entrevista concedida a La República, reconoció que si la promesa del presidente no es cumplida, el panorama se podría complicar por las presiones de jubilados, de las empresas constructoras y de los cooperativistas que reclamarán nuevas viviendas.
El Ministerio de Vivienda dispone para la ejecución de las políticas habitacionales de recursos procedentes del Impuesto a las Retribuciones Personales, que vierten los trabajadores activos y los pasivos. Este tributo genera actualmente una recaudación de U$S 105 millones.
Cuando esta cartera del Estado presentó su plan quinquenal de acuerdo a los parámetros económicos del país, la inversión en vivienda fue acotada de la siguiente manera: sobre la ejecución prevista de 1999 hubo un recorte de un 15%, es decir que en el año 2000 se podían ejecutar unos U$S 85 millones.
Posteriormente, se preveía un aumento de los recursos de un 10% en el 2001 y
2002, lo que permitiría ejecutar U$S 92 y U$S 105 millones respectivamente.
Además, se proyectaba una partida fija para los años 2003 y 2004.
Según explicó el director nacional de vivienda, Bernardino Ayala, las condiciones económicas del país variaron sustancialmente, llevando a que la secretaría de Estado mantuviera la ejecución de obras en U$S 85 millones para 2001. Las autoridades ministeriales consideraban continuar destinando similares recursos para el presente año. Sin embargo, un decreto del Consejo de Ministros aprobó reducir la inversión de todas las carteras en un 10%.
Cabe acotar que las partidas presupuestales que dispone el Ministerio de Vivienda son en pesos uruguayos. Ante una pauta devaluatoria de aproximadamente del 2,4% mensual, la mengua de recursos en dólares alcanzará al 20%.
Tomando en cuenta que el 70% de los contratos firmados por el Ministerio de Vivienda se efectuaron en dólares y los ingresos percibidos por esta secretaría son en moneda nacional, la suma de ambos factores deriva en una disminución del 33% del presupuesto en comparación con el año anterior. En definitiva, el monto disponible para ejecución de viviendas ronda los U$S 56 millones para el presente año.
Ayala indicó que como las políticas habitacionales son de mediano y largo plazo, la programación se produce con dos años de anticipación. Por tal motivo, el ministerio tiene U$S 69 millones destinados a obras en ejecución para este año, más un banco de proyectos en el orden de los U$S 45 millones, que se componen de U$S 22 millones en licitaciones firmadas y comprometidas y U$S 23 millones programadas.
Es decir que el Ministerio de Vivienda tiene un mínimo de inversión de U$S 69 millones para este año, pero debido a los recortes presupuestales y a la devaluación de la moneda todavía le faltan U$S 13 millones para poder hacer frente a estos compromisos. Con estos recursos tampoco podrían iniciar obras nuevas. "Al no poder iniciar obras, se nos crean dos factores importantes: la primera que si no comenzamos construcciones nuevas, no podremos inaugurar ninguna vivienda a fines del año 2003 y parte de 2004", enfatizó el jerarca.
Ante esta situación, las autoridades de la cartera de Vivienda están negociando con el gobierno para conseguir recursos. Además, están tratando de dilatar obras en el tiempo. Otras alternativas que se manejan es priorizar la ejecución de programas que no afectarán el ejercicio del presente año, sino que se destinarán fondos de 2003 y 2004, como los convenios con el Banco Hipotecario del Uruguay. Además, se analizarán las ofertas formuladas en el marco del llamado de concurso de ideas creativas convocado por el Mvotma, como así también proyectos que requieran de poca inversión.
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4 - Paysandú: niegan que BHU deje de construir 6.000 viviendas
El presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, Ariel Lausarot, subrayó que no tienen asidero las cifras que se mencionan sobre viviendas que no habrá de construir el organismo en el período, y dijo que se mantiene un diálogo correcto con FUCVAM, a la vez de procurarse soluciones a una diversidad de problemas que aquejan a las cooperativas de vivienda.
Señaló Lausarot que la presencia del Directorio en Paysandú ratifica su voluntad política de resolver el problema de las personas que residen en los barrios IC, "y tenemos un proyecto prácticamente aprobado para poder conjuntar nuestro esfuerzo con el de la Intendencia para resolver los problemas de irregularidades en estructura. El banco está dispuesto a solucionarlos y esa es nuestra voluntad, para lo que además tenemos muy buena respuesta de la Intendencia y los vecinos".
"Sentimos que nos vamos aproximando a decisiones importantes para resolver estos problemas, y lo que surja en Paysandú luego se va a extender a otros departamentos", explicó. Respecto a la construcción de viviendas por el banco que manifestó que "no hay ninguna cifra que el banco haya decidido no ejecutar, y cualquier número que haya trascendido no es ajustado a la realidad. El banco no adoptó ninguna decisión de suspender la ejecución de
6.000 viviendas, como se menciona. Lo que hemos tenido que hacer es ajustar el funcionamiento del banco a lo que estrictamente recauda".
El jerarca acotó que el banco no está recibiendo nuevos proyectos constructivos, "pero eso no significa que dejemos de construir", a la vez de señalar que "tenemos obras para dos años y no se va a ver al banco ausente de la construcción", a la vez de señalar que se van a ajustar las inversiones a lo que se recaude.
Acotó que para este año se tiene un presupuesto de inversión en obras del orden de los 156 millones de dólares, "y el banco no va a estar ausente de la ejecución de viviendas ni del rol que cumple en el país".
Sobre el pedido de renuncia a su cargo que formula la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua, Lausarot precisó que "no es momento de pensar en negativo sino en positivo. Estamos trabajando para construir un nuevo Banco Hipotecario, y no vamos a introducir recortes alegremente como se menciona en los medios de prensa, y por lo tanto mi cabeza está únicamente puesta en hacer las cosas lo mejor posible para que el banco siga sirviendo a los uruguayos".
"Tenemos una relación fluida con FUCVAM, ya hemos resuelto por lo menos los problemas finales de diez o doce cooperativas. Hay planteamientos de la Federación que estamos atendiendo y por lo tanto en la medida de lo posible estamos tratando de conciliar lo que son los derechos de los cooperativistas con las realidades y potestades del Banco Hipotecario dentro de la normativa legal vigente", indicó. "El Directorio tiene un diálogo bien claro con FUCVAM y lo que se diga por ahí no es un problema que nos afecte", concluyó el jerarca a El Telégrafo.
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5 - Sólo el 60% del préstamo del BID para asentamientos
El gobierno anunció que recortará en más de un 40% los recursos destinados al programa de regularización de asentamientos. Se llevan ejecutados U$S 7 millones desde 1999, de un total de U$S 110 millones asignados por el Banco Interamericano de Desarrollo, informó La República.
De los $ 195 millones que estaba previsto ejecutar por parte del programa de regularización de asentamientos para todo el país este año, se invertirán $ 105 millones, debido a los recortes que el gobierno viene realizando para disminuir el déficit fiscal.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Davrieux subrayó que este programa, "como todos los planes de inversión de este gobierno", se verá afectado por la reducción del gasto con el ojetivo de disminuir el déficit fiscal del Estado, estimado en U$S 800 millones.
Davrieux y Rey informaron a los legisladores sobre la marcha del programa que prevé regularizar algunos asentamientos. Entran en el programa aquellos asentamientos establecidos antes de 1996 y que tengan resuelta la titularidad del predio. Según los datos aportados, el PIAI ejecutó hasta el momento unos U$S 7 millones desde 1999, es decir menos del 10% del total del préstamo obtenido del BID.
Según la información brindada, actualmente se trabaja en 71 asentamientos que involucran a 9.149 hogares en 13 departamentos del país y hay poco más de 20 en obras. En los asentamientos atendidos por el PIAI viven algo más de 36 mil personas, mientras que en todos los asentamientos del país viven más de 300 mil uruguayos.
En principio se había establecido que con los recursos obtenidos del exterior se atendería mayoritariamente a los asentamientos del área metropolitana, compromiso que en los hechos no se está cumpliendo. La directora del PIAI sostuvo al respecto que la Intendencia de Montevideo "es responsable de que hoy estén más atrasados los proyectos de regularización en la capital ya que presentó las carpetas sobre fines del año pasado".
Aclaró que la selección de los asentamientos a regularizar la realizan los coejecutores, es decir las intendencias, y reconoció que el proceso de regularización en la capital es más complejo que en el Interior.
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6 - Preocupación por cartera de deudores del BHU
La dirigencia de las cooperativas de viviendas, manifestó su preocupación con el acuerdo que firmarán el Banco Hipotecario del Uruguay y el ABN Amro Bank, por el que el banco estatal comercializará la cartera de deudores "cobrables" al banco privado, informó La República.
La medida involucrará a más de 115 mil deudores de la institución estatal, entre los propietarios individuales y los cooperativistas, según estimaciones de la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ahorro Previo (FECOVI).
La operación, según trascendió el lunes en la prensa, alcanzaría a los
40.000 millones de dólares, dependiendo de los inversionistas que la institución privada consiga para desarrollar el negocio, aunque no aclara si el instrumento abarcará solamente a los nuevos proyectos habitacionales o involucrará también a los viejos. Las versiones sostienen que el ABN Amro Bank creará un fondo de inversión y el único activo será el derecho de cobro de cuotas de préstamos en unidades reajustables, a un plazo de diez años.
La noticia sorprendió también al secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM), Gustavo González, que calificó a la operación como una "extranjerización de la banca oficial" y solicitó a los parlamentarios que convoquen al Directorio del BHU para que explique las condiciones del negocio que se concretará en las próximas semanas.
"Es increíble la operación que realizará el BHU, porque comercializa la cartera de clientes 'cobrables', mientras el Estado mantiene la cartera de morosos", aseguró González, quien agregó: "Es una forma de liquidar la banca, pues a los que pagan se los lleva el banco privado, y el clavo queda para la banca oficial".
Explicó a La República que el BHU obtuvo importantes ganancias durante los períodos de atraso cambiario (1979-82/1989-1992). "En esos años el banco se supercapitalizó y ahora tiene un déficit de más de 200 millones de dólares". El cooperativista consideró que la venta de la cartera en U$S
40.000, "es muy poco".
El presidente de FECOVI, Daniel Logaldo, consideró que es un negocio "peligroso para los uruguayos que tienen deudas y colgamentos con el BHU" y pidió una mayor participación de los deudores y ahorristas (cerca de 500 mil personas) en las decisiones del banco estatal. "Las deudas fueron contraídas con la banca oficial, no con la banca privada", afirmó poniendo en duda la legalidad de lo que se está proyectando.
En ese sentido, explicó que los números en rojo de la institución oscilan entre U$S 200 y 400 millones y dijo que la comercialización de la cartera de deudores y un préstamo internacional "tienen como objetivo recapitalizar al banco".
Logaldo comentó que mediante las líneas de crédito con el BHU se construyeron cooperativas y viviendas individuales en este país, determinando que miles de uruguayos son deudores de la institución. "Las dos últimas cooperativas de viviendas que inauguramos con el BHU en 1998, no pueden pagar las cuotas fijadas en su momento, como consecuencia del aumento de la Unidad Reajustable", indicó el cooperativista.
Por otro lado, fuentes de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), dijeron que se reunirán el miércoles con el directivo del BHU para analizar las condiciones del acuerdo con el ABN Amro.
Las fuentes indicaron a La República que los trabajadores que desempeñan funciones en el BHU "no tienen los datos concretos, ni las características de la operación" y dijo que "oficialmente no sabemos nada".
Los informantes explicaron que estaban en conocimiento de que el Banco Central (BCU) apoyó la propuesta del ABN Amro y que "el Boston y Montevideo también estaban interesados en el tema".
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7 - Flores: otro paso en la lucha por la tierra
El día 18 de marzo del 2002, se reunieron en la Oficina Central de la Intendencia Municipal de Flores, el Intendente y sus asesores y los integrantes de la Comisión Honoraria de Cartera de Tierras. Seguidamente se procedió a la apertura de ofertas correspondiente a la licitación abreviada para la compra de terrenos, informó la Mesa Intercooperativa de Flores de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua.
En dicha licitación se presentaron cuatro oferentes, los cuales pasamos a detallar a continuación:
Oferta 1: 34.969 mts. cuadrados U$S 60.000 Oferta 2: 19.767 mts. cuadrados U$S 120.000 Oferta 3: 6.589 mts.cuadrados U$S 27.000 Oferta 4: 7.731 mts.cuadrados U$S 30.000 Después de haber estudiado todas las ofertas, la Mesa de FUCVAM/Flores decidió invitar al Ing. Benjamín Nahoum para que los asesorara técnicamente sobre los terrenos presentados.
"Habiéndose hecho el relevamiento correspondiente, conjuntamente con los compañeros de las cooperativas COVAMF 2,3,4, se llegó a la conclusión de que el terreno que tiene las mejores condiciones, tanto técnicas, de precio y metraje es el de la oferta Nº 1.
Por lo tanto las cooperativas se encuentran a la espera del llamado a reunión de la Comisión asesora por parte del ejecutivo departamental para presentar ante dicha comisión el terreno elegido y posterior aprobación de la compra por parte de la Junta Departamental de Flores.
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8 - Advierten que 32.000 personas terminarían en asentamientos
Alrededor de 32 mil personas, integradas en nueve mil familias de todo el país, se encuentran en riesgo de terminar en un asentamiento en función de que carecen de garantías para alquilar, según se desprende de un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Económicas para el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares de la Presidencia de la República, según informó El País.
En la investigación sobre la factibilidad del proyecto de Fondo de Garantía de Alquileres para aquellos pobladores radicados en los asentamientos, la consultora explicó que las principales características de estos hogares son, entre otras, que perciben ingresos inferiores a 60 Unidades Reajustables ($ 12.621) y no son propietarios de sus viviendas.
El estudio muestra que en Uruguay hay más de 150 mil hogares que viven con ingresos menores a 60 UR, y que existen unas 86 mil familias que cuentan con la mitad de esa cifra ($ 6.310).
Horario Guinea, asesor del PIAI y uno de los técnicos que analiza el documento entregado por la consultora, dijo a El País que estas 32.000 personas "deberán ser beneficiadas rápidamente" por el FGA del organismo, que se encuentra en una etapa de definiciones. Explicó que el sistema premiará el esfuerzo de cada familia para lograr el ahorro necesario para obtener la cobertura del FGA. "El aporte de cada familia se ponderará mediante un puntaje. Por ejemplo, una familia que tiene siete hijos y que ahorra una UR por mes hace un esfuerzo mayor que otro núcleo familiar que tiene un solo hijo y deposita la misma suma. Se premiará el trabajo de la primera familia", dijo.
Guinea indicó que "no es bueno" que coexistan en forma separada cinco o seis sistemas que otorgan garantías a distintos públicos y advirtió que el Fondo del PIAI procurará integrarse con los otros mecanismos que funcionan actualmente en el país.
Actualmente, en el país operan dos servicios de garantías de alquileres, uno público, de la Contaduría General de la Nación, y otro privado de ANDA con una cobertura general, a los que debe sumarse la reciente decisión del Ministerio de Vivienda de implementar un fondo de garantía para familias con ingresos formales entre 30 y 75 UR ($ 6.310 y $
15.800).
El FGA está dirigido a unas 150 mil personas que viven en asentamientos irregulares, dijo a El País la directora de esa institución gubernamental, María Laura Rey. Un documento, elaborado por el PIAI y que contiene las principales líneas de la propuesta, sostiene que el FGA para personas carenciadas "está concebida como un camino alternativo de acceso a la vivienda".
Simultáneamente, puede transformarse en una etapa previa para aquellos que deseen acceder a una solución habitacional de su propiedad.
El objetivo del FGA, según Rey, es combatir una de las causas que contribuye al crecimiento de los asentamientos; facilitar el ingreso de la población de bajos recursos al mercado formal de arrendamientos e integrar, a través de fianzas, el acceso a la vivienda en arriendo al de acceso en propiedad. "Esperamos disminuir la probabilidad de caer en un asentamiento a la población de ingresos más bajos por carecer de una garantía para el contrato", explicó la jerarca.
Este registro permitirá determinar la demanda total, geográfica, por tramos de ingreso, con el objetivo de definir las estrategias de cobertura y la planificación de las mismas en función de la oferta y recursos disponibles. Esta supera largamente el depósito legal previsto en sustitución de la fianza personal.
La garantía tendrá una vigencia de 12 meses superiores al vencimiento del contrato. Su cobertura incluirá los arrendamientos impagos y desperfectos en las viviendas que se acuerden entre arrendador y arrendatario.
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9 - El 5,73% de hogares en asentamientos
Las viviendas que se encuentran ubicadas en asentamientos irregulares en todo el país son un total de 36.933 y representan el 5,73% del total de los hogares, según datos que han sido recabados por el Instituto Nacional de Estadísticas, según el informe de El País. De casi seis de cada 100 viviendas están ubicadas en un asentamiento.
Respecto a la población, los residentes de los asentamientos superan las 151.541 personas en todo el país. Esta cifra equivale al 7.76% del total de quienes residen dentro del territorio nacional.
En los últimos años el problema ha ido adquiriendo características particularmente críticas en el departamento de Maldonado, donde en su capital los residentes en los asentamientos irregulares son 8.869 personas.
Esa cifra corresponde al 18.1% de la población total de ese departamento del este del país.
En tanto, Lavalleja es el departamento que tiene una menor proporción de su población viviendo en asentamientos irregulares: apenas 172 personas, los cuales representan un 0.46% de la población total de ese departamento.
Por otra parte, las viviendas ubicadas en los asentamientos del departamento de Montevideo prácticamente duplican a las del interior, Mientras que en la capital la relación es de casi siete de cada 100 viviendas, en el interior no alcanza a cuatro de cada 100 hogares.
Salto: Constitución en grave emergencia social
Villa Constitución se encuentra actualmente inmersa en una "grave emergencia social", producto de "la situación de crisis por la que está pasando" esta localidad, donde "se están realizando cortes de suministro de agua y luz, llevando a una situación desesperante a nuestra población", sostienen los miembros de su Junta Local en pleno, informó El Pueblo de Salto.
Frente a esta desgraciada situación la Junta Local de Constitución resolvió por unanimidad exhortarle a los tres diputados salteños, que estos realicen gestiones tendientes a minimizar el impacto de los efectos que esta crisis está ocasionando a los pobladores de Constitución.
Concretamente las acciones que aspiran lleven adelante los legisladores es que UTE y OSE tengan consideraciones especiales para con los pobladores de esta villa, especialmente con aquellos que por impago o atraso se les ha tornado más difícil afrontar sus costos mensuales., reclamando incluso que no se suspendan los servicios "por no pago del consumo". Alegan los representantes que esta situación la padece un número importante de pobladores.
El diputado Ramón Fonticiella dijo a El Pueblo, que en la presente jornada tenía previsto reunirse con el diputado Hugo Rosette y el subsecretario del Ministerio de Vivienda, Luis Leglise, con la intención de abordar este tema, trabajar en conjunto para emprender las gestiones necesarias y buscar entre todos las soluciones más viables.
El Pueblo transcribó la misiva remitida a los legisladores nacionales:
"La Junta Local de villa Constitución, reunida en sesión ordinaria a resuelto por unanimidad dirigirse a los diputados por Salto y por intermedio de estos ante quien corresponda con el fin de gestionar ante los entes de:
- UTE (electricidad) el siguiente planteo:
a) solicitar se derogue el cobro de la tasa correspondiente a reconexión a causa de corte del suministro por falta de pago.
b) Derogar el cobro del porcentaje de interés por no pago de factura.
c) No suspender el servicio por no pago del consumo, para que el vecino pueda seguir pagando la deuda de facturas atrasadas, teniéndose en cuenta que si es imposible abonar $200 de consumo, menos de $600 por reconexión, interés y consumo.
- Ante OSE (agua corriente y saneamiento): prever que no se llegue a la misma situación y condición de lo expresado anteriormente que ya han comenzado a surgir.
Demás esta mencionar la situación de crisis por la que está pasando villa Constitución, por falta de fuentes de trabajo, se están realizando cortes de suministro de agua y luz, llevando a una situación desesperante a nuestra población.
Sin dudas, el diagnóstico de nuestra realidad, nos indica que debemos de hacer el mayor esfuerzo posible para encontrar el camino que nos permita salir de esta grave emergencia social". Firman al pie de la misma, Raúl Menoni Mattio, presidente y Luis Valerio, secretario.
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10 - Paysandú: nuevos barrios en el PIAI
Avanzan las acciones tendientes a incluir otros seis barrios sanduceros al Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, cuyas obras ya se iniciaron en barrio Norte, informó El Telégrafo.
De acuerdo a lo informado por la Presidencia de la República, el PIAI dispone de un fondo de más de 90 millones de dólares para financiar las obras que se realizarán en todo el país.
El objetivo general del programa es mejorar la calidad de vida de los residentes de los asentamientos irregulares, promoviendo la integración física y social a sus respectivos entornos urbanos. La propuesta es dotar de infraestructura básica, servicios sociales y títulos de propiedad a los residentes de los asentamientos, promover un modelo eficiente para la ejecución de programas urbanos y actualizar los instrumentos de control del desarrollo urbano.
Para alcanzar los objetivos mencionados, el Programa ha elaborado proyectos de mejoramiento de barrios, a los que se ha asignado la relevante suma de U$S 92.400.000. El mejoramiento propiamente dicho prevé inversiones directas por U$S 70.000.000, obras complementarias por U$S 11.200.000 y un subprograma de desarrollo social y barrial también por U$S 11.200.000.
El desarrollo barrial incluye acciones de seguimiento social de la implementación del programa -en torno a educación sanitaria y ambiental-, implantación de servicios de atención a jóvenes y niños, apoyo a las familias que deban ser realojadas dentro del asentamiento y capacitación para el trabajo.
El proceso para la ejecución de las obras del PIAI debe pasar por una serie de etapas: en primer lugar, la Intendencia debe remitir una carta consulta al Programa de Integración de Asentamientos Irregulares y luego de cumplir con las reglamentaciones vigentes en la materia, se envía al Banco Interamericano de Desarrollo. Una vez aprobada la carta consulta por el BID, el Municipio queda habilitado para encarar el proyecto definitivo, que es efectuado por un equipo multidisciplinario que puede estar integrado por técnicos municipales, o conformarse a través de un llamado a licitación.
Cuando el proyecto está listo se presenta nuevamente ante el PIAI, que lo remite al BID para que otorgue la aprobación definitiva. Posteriormente, se convoca a una licitación para la adjudicación de las obras.
En forma previa a la ejecución, el proyecto debe ser aprobado también por el Tribunal de Cuentas de la República.
Si bien la Intendencia y el PIAI apuestan a regularizar la situación de siete barrios sanduceros -Norte, Tatuses Sur, Curupí, Enancore, Dos Marías, El Espejo y Chaplin- el barrio Norte es el primero en llegar a la etapa de obras.
Próximamente se presentará ante el Banco Interamericano de Desarrollo la carta consulta del barrio Curupí y mientras se avanza en trámites referidos a la expropiación de los terrenos y otros detalles, se integrará un equipo técnico financiado con recursos municipales para la elaboración del proyecto definitivo.
En el caso del barrio Tatuses Sur se presentó el proyecto definitivo ante el PIAI y próximamente será enviado para su análisis por el BID. Una vez aprobado, y terminado el trámite de expropiación con toma de posesión urgente iniciado por la Intendencia, se procederá a realizar la licitación para la adjudicación de obras.
Mientras un equipo multidisciplinario contratado trabaja en la elaboración del proyecto definitivo para los barrios El Espejo y Dos Marías, el barrio Chaplin ya cuenta con la aprobación de la carta consulta y está por definirse la financiación del equipo que ejecutará proyecto respectivo.
Finalmente, en el caso del barrio Enancore se ha terminado el trabajo social y se ajustan otros detalles para continuar hacia su presentación ante el PIAI.
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11 - Paysandú: desocupados exigen sorteo en obra del PIAI
Profundo malestar mostraron los vecinos de barrio Norte ante lo que creen es un acto de injusticia en la adjudicación de puestos de trabajo para las obras que en la zona se realizarán en el marco del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, pues sostienen que tras inscribirse trescientas cincuenta personas interesadas en los puestos de empleo que se abren ante las obras que llevará adelante la empresa ganadora de la correspondiente licitación, Gofinal SA, informó El Telégrafo "Se eligieron 'a dedo' veinte, sin sorteos ni nada; eso es injusto, nosotros queremos un sorteo, queremos que todos los que nos inscribimos tengamos las mismas posibilidades", dijeron mientras realizaban una "olla popular" en protesta por esta acción, en pleno barrio Norte, en calle 47.
"Trescientas cincuenta personas nos inscribimos para conseguir trabajo en las obras del PIAI, pero resulta que ahora nos enteramos que no habrá sorteo y que de esa lista han seleccionado a veinte personas» agregaron.
"Peor todavía: en esa lista figuran algunas personas vinculadas de alguna u otra manera a la Comisión PIAI Barrio Norte, lo que nos llama la atención", destacaron.
Los vecinos informaron que se entrevistaron con Edeneo Monzón, principal de Gofinal S.A., quien les habría asegurado que "la lista es primaria y que esas personas serán evaluadas por él mismo antes de darles trabajo", pero indicaron que "ese no es el problema; lo que hay que dejar claro es que exigimos que se respete la lista completa y que de ella se saquen por sorteo los nombres para ocupar los puestos de trabajo. Después de eso, podrá el dueño de la empresa estudiar si los elegidos son aptos o no, pero después del sorteo".
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12 - Paysandú: vecinos plantearon preocupación al BHU
Vecinos del barrio INVE y del complejo habitacional I 7 plantearon una serie de inquietudes al presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, Ariel Lausarot, y al director Carlos Soria, quienes se reunieron con los residentes en ambos barrios, informó El Telégrafo.
Varias de las familias del barrio INVE, de Enrique Chaplin entre Paraná y Roger Ballet, transmitieron a los jerarcas las dificultades por las que atraviesan en el pago de sus viviendas, teniendo en cuenta que el plazo establecido para la amortización era de 25 años, pero sin advertir que hubo un período de seña que ha determinado que el tiempo de pago se extenderá muchos años más.
Los vecinos han formulado este planteo desde hace ya tiempo, ante la sucursal local del Hipotecario y los legisladores del departamento, pero fue la primera vez que directores del organismo oficial concurren personalmente al complejo para dialogar con los interesados.
Hay casos en que se ha pagado durante 23 o 24 años la vivienda y se encuentran ahora con una deuda que no responde al plazo de 25 años establecido en su momento, incluso figurando cuotas por otros veinte años, a lo que se agregan otros casos relacionados con colgamentos por reajustes que no fueron efectuados en su oportunidad.
Entre las causas que motivaron tal situación, se incluyen aspectos como el pago durante varios años de la seña que no fue abonada en su momento, por lo que el plazo de 25 años no corrió hasta tanto se terminó de hacer efectivo el pago por este requisito, aunque los vecinos no habrían sido advertidos de esta situación. Por lo tanto, los directores se comprometieron a analizar caso por caso y procurar soluciones acordes a los términos en que se encuentran legalmente los respectivos temas.
A la vez de señalar que ha sido muy positivo el poder hablar por primera vez en quince años cara a cara con los directores del Banco Hipotecario, el integrante de la Coordinadora de los Barrios IC, Martín Tolosa, dijo a El Telégrafo que muchos vecinos se han atrasado en sus cuotas por el desánimo que les provocan los vicios constructivos de estos complejos habitacionales.
Sostuvo Tolosa que "la reunión con los directores del Banco nos ha dejado un saldo positivo, porque su presencia en Paysandú ha sido muy importante. Hace quince o veinte años que estamos trabajando en distintas comisiones y nunca habíamos logrado hablar con el Directorio en pleno, como ha sido este caso". "Hasta ahora siempre nos dirigíamos a la sucursal Paysandú, donde a la vez se remitía el planteo a Montevideo y los reclamos se perdían en el tiempo", subrayó Tolosa.
"En esta oportunidad el diálogo directo con los directores ha sido positivo, porque discutimos mano a mano sobre los problemas y se han dado cuenta de que no es situación solo de Paysandú, sino que afecta a todo el Interior", precisó.
"Por otro lado lo que preocupa al BHU es abatir el porcentaje de morosidad. Uno de los principales temas que argumenta la Coordinadora de los Barrios IC es que muchos vecinos se atrasan por la situación socioeconómica, porque la vivienda es cara. Al mismo tiempo se desmotiva de pagar porque las viviendas tienen serios vicios constructivos", agregó.
Acotó que el promedio de cuota que pagan los residentes de estos barrios es "de unos 1.400 a 1.500 pesos promedial, porque hay quienes pagan más y otros que pagan menos. Pero hoy, como está la situación del mercado laboral, es evidente que es una cuota muy difícil de afrontar para las familias, porque además hay que agregar los costos fijos por concepto de UTE y OSE".
"Hay serios problemas de empleo, lo que hace imposible para muchas familias cumplir con los compromisos con el Banco. Igualmente, muchos vecinos hacen el sacrificio para pagar y dejan de comprar cosas que necesitan para poder cumplir con la cuota. Pero el BHU nunca nos había tenido en cuenta", consideró el entrevistado.
"Se convino en esta reunión que en lo que respecta a los vicios constructivos el Banco va a determinar, junto con la Intendencia, a través de sus técnicos, llegar a un presupuesto de las reparaciones, con el municipio aportando la mano de obra y el BHU los materiales. Otros casos todavía están a estudio, y en este sentido la coordinadora plantea crear una banda de porcentajes a descontar del precio de venta en función de los vicios de construcción, para lo que el Banco aparentemente se ha manifestado receptivo", señaló.
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13 - Tacurú construirá 100 módulos habitacionales
La Intendencia de Montevideo encargará al Movimiento Tacurú la construcción de hasta 100 módulos iniciales de vivienda, que serán destinados al realojo de familias provenientes de asentamientos precarios en diferentes zonas de la ciudad.
En una primera instancia se construirán los módulos para el realojo de las familias que viven en el asentamiento Solís y parte del 25 de Agosto, ubicados ambos sobre los márgenes del arroyo Miguelete. El módulo que realizará Tacurú será para una vivienda de 42 metros cuadrados y constará de techo, piso y baño. Los adjudicatarios completarán su casa, con materiales que entregará la Intendencia y el aporte de mano de obra benévola.
Este movimiento, que integra la Sociedad San Francisco de Sales, ya tiene experiencia en este tipo de trabajo, desarrollado para el realojo de los asentamientos denominados Vista Linda y Del Escondido. Para esta tarea la Intendencia suscribirá un convenio con la institución, que desarrolla una destacada obra social, a través de la organización, formación y ocupación de jóvenes en situación de riesgo social.
El realojo se realizará en un predio de propiedad municipal, ubicado en las proximidades de donde viven actualmente estas familias. Para ejecutar las tareas, Tacurú seleccionará hasta 18 jóvenes con conocimientos en albañilería, herrería, electricidad y sanitaria, quienes desempeñarán cargos de aprendices en las diferencias áreas y contarán con la conducción de una persona idónea, que será el referente ante el director de obra de la Intendencia. Para la etapa de autoconstrucción y ayuda mutua, que quedará a cargo de los vecinos, la institución proporcionará un encargado de obra, un medio oficial y un electricista.
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14 - Canelones: proyectan construcción de viviendas para hurgadores
El Ministerio de Vivienda encarará la construcción de viviendas y locales de trabajo para los hurgadores que residen en las ciudades de Canelones y Las Piedras, en el marco de un proyecto tendiente a mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo de dicha población irregularmente asentada, informó La República.
El texto del convenio con la Intendencia de Canelones, enfatiza sobre la necesidad de atender la situación habitacional de los hurgadores que viven en dichas ciudades. Mediante la construcción de viviendas y locales de trabajo, se apuntará a revertir las condiciones sociales, habitacionales y laborales de las familias.
En primer término, la población de referencia que atenderá el programa que será financiado por el Ministerio de Vivienda será la radicada en los barrios Olímpico de Canelones y Corfrisa de las Piedras. Posteriormente, si de los proyectos seleccionados surge un saldo de viviendas, el mismo podría ser adjudicado por ambos organismos a otras familias de hurgadores del departamento.
El Ministerio de Vivienda, antes de transferir la propiedad de los complejos habitacionales a la Intendencia de Canelones, aportará los servicios de asesoramiento técnicos necesarios.
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15 - Maldonado: proyectan realojamiento de 900 pobladores
El Ministerio de Vivienda y la Intendencia Municipal de Maldonado instaladan la Comisión Especial de Programación, Gestión, Evaluación y Contralor que trabajará en el proyecto de realojo de 900 pobladores de bajos ingresos en el departamento fernandino, informó La República.
Este grupo de trabajo estará integrado, en representación del Ministerio de Vivienda, el director nacional de Vivienda y el arquitecto Fernando García Miranda en calidad de suplente, en representación de la comuna fernandina el subdirector de Salud, Familia y Vivienda, Sergio Marta, en tanto que Silvia Balladares ejercería la suplencia.
La comisión tripartita también contará con la participación de Miguel Romero, Alejandro Lusich y Ricardo Pérez, quienes asumirán la representación de los vecinos fernandinos. Este grupo técnico trabajará en la elaboración de estrategias y proyectos tendientes a atender la problemática social y urbana de las familias asentadas irregularmente en el territorio del departamento.
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16 - Salto: estudian impacto ambiental de viviendas del SIAV
Técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Viviendas, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, han realizado un estudio de impacto ambiental en la zona sur de barrio Salto Nuevo, puntualmente sobre el problema allí generado en relación a las seis piletas de decantación allí existentes de las viviendas del complejo del SIAV, informó El Pueblo.
El adelanto fue formulado por el Subsecretario del MVOTMA, Luis Leglise, quien además se comprometió a estudiar la posibilidad de "insertar este grupo habitacional a un saneamiento futuro que vaya a existir en el departamento de Salto". Sobre los resultados de este estudio de "impacto ambiental", prevé el jerarca estarán prontos en los próximos días.
Leglise al referirse al problema, historió resumidamente, "en su principio cuando se creó el Ministerio de Viviendas, este realizaba estos núcleos básicos evolutivos con cámaras sépticas. Como esa experiencia fue mala para el Ministerio, fue que se intentó ir hacia piletas de decantación, y en la actualidad –el MVOTMA- exige saneamiento en cada uno de los lugares".
"En ese período en que se utilizó pileta de decantación, existía también parte de responsabilidad nuestra", reconoció el subsecretario de Estado, "porque en aquella época pasó por la Junta Departamental de Salto y esos predios fueron dados por la Intendencia Municipal de Salto para que el Ministerio y las empresas pudieran construir en dicho lugar". Por lo que en ese entonces se cedieron esos predios "sabiendo que no había posibilidades de acceso al saneamiento. Entonces creo que en este tema concreto existe una cierta responsabilidad del gobierno departamental, existe también cierta responsabilidad en cuanto a los vecinos".
Problema que se ha agravado por otras circunstancias "se que empresas salteñas como Blardoni han ido a destapar muchas veces las piletas de decantación, que se le tiran cosas que no deberían tirárseles". "La idea que nosotros tenemos es poder insertar este grupo habitacional a un saneamiento futuro que vaya a existir en el departamento de Salto", ya anunciado.
Apuntando los pasos dados en el Ministerio de Viviendas por este tema "nosotros nos comprometimos a que viniera gente del Ministerio, de impacto ambiental, para que analizara si esas piletas de decantación realmente tienen un impacto ambiental importante para la gente que vive en la zona". A los efectos de "darle tranquilidad a la gente en cuanto a los olores y ver algún tipo de reparación, porque hay tejidos que han sido robados, la forestación puede que no esté en buenas condiciones. Por eso han venido los técnicos del MVOTMA a Salto a estudiar esta situación y tendré los informes en los próximos días".
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